Pelea entre empresas eléctricas por una deuda de $ 20.000 millones

Como resultado del congelamiento tarifario que se extendió durante el kirchnerismo, las empresas distribuidoras de electricidad acumularon una enorme deuda con Cammesa, la empresa que administra el mercado mayorista (MEM) y que, en los hechos, es quien les vende la energía que despachan. Ese rojo trepó al 31 de diciembre de 2015 hasta los $ 20.000 millones. ¿Cómo se llegó a una cifra tan abultada? Porque en los últimos años las distribuidoras dejaron de pagar –total o parcialmente– las facturas de compra de energía a Cammesa con el argumento de que sus ingresos no eran suficientes para cubrir los costos operativos y laborales que crecieron de la mano de la inflación y devaluación de la moneda.

El problema es que, en última instancia, la mayor parte de esa deuda no es con el Tesoro Nacional, sino que pertenece a generadores y transportistas de energía que vieron seriamente afectados sus ingresos por la ruptura de la cadena de pagos del sector eléctrico. Tanto que esos segmentos del negocio –liderados por Enel, Pampa Energía, Sadesa, AES y Transener, entre otros– cuentan con acreencias a su favor por alrededor de $ 14.000 millones, es decir, un 70% del total adeudado por las distribuidoras, un sector encabezado por Edenor, Edesur, Edelap y el resto de las empresas provinciales. Los $ 6.000 millones restantes están encuadrados en un fondo de estabilización que termina absorbiendo el Tesoro.
La resolución del 6 de febrero de este año, que estableció los nuevos cuadros tarifarios vigentes a partir del 1 de ese mes, fijó como condición sine qua non para cobrar los aumentos que las distribuidoras regularicen su deuda con Cammesa. En otras palabras, que alcancen un plan de pago para abonar lo que deben. La propuesta que acercó Adeera –que nuclea a las distribuidoras– fue cancelar el rojo de $ 20.000 millones en 120 cuotas mensuales con un año de gracia y una tasa de interés del 8% anual en pesos. El encargado de transmitir esa oferta en el Directorio de Cammesa –del que también participan generadores, transportistas y grandes usuarios– fue Alejandro Sruoga, secretario de Energía Eléctrica, en una reunión realizada a mediados de marzo.

Contramarchas

Sin embargo, la propuesta fue descartada de plano. “Es una oferta irrisoria: nos ofrecen un 8% de interés en pesos en una economía inflacionaria en la que el peso se devaluó casi un 60% en los últimos tres meses. Básicamente, quieren que los generadores absorbamos el costo del congelamiento de tarifas”, se quejó el titular de una central termoeléctrica. “Lo que el Gobierno no termina de entender es que está negociando con dinero de privados, generadores y transportistas”, agregó.
La contrapropuesta de ese grupo de empresas no calzó en lo esperado por el Ejecutivo: reclamaron que el Estado cubra con fondos propios los $ 14.000 millones adeudados con generadores y transportistas, y que por un canal separado negocie un plan de pagos con las distribuidoras para recuperar ese dinero. Es una alternativa que no parece transitar por campo fértil. El propio Sruoga lo admitió en la asamblea de Cammesa: por decisión de Alfonso Prat Gay, el Gobierno no destinará más fondos al sector eléctrico.
La pelota vuelve a estar ahora en poder de las distribuidoras, que deberán evaluar si mejoran su oferta inicial. Ordenar el rojo con Cammesa es clave para que las distribuidoras puedan acceder a una serie de beneficios adicionales, como cobrar los subsidios previstos en el marco del Programa de Tarifa Social que aporta el Estado nacional. Los generadores, por su parte, quieren mejorar su plan de acreencias a favor, a fin de mejorar sus balances y, de esa manera, abaratar el costo financiero de futuros proyectos en el parque de producción de energía.

Aumento para generadores

En forma paralela, el Ejecutivo empieza a enviar algunas señales al sector de generación. El 31 de marzo publicó la resolución 22/2016 del Ministerio de Energía y Minería que actualizó la remuneración que reciben las empresas productoras de energía. En concreto, la norma prevé un aumento de hasta un 70% en los cargos que cobran los privados por la potencia que tienen disponible en el sistema y de hasta un 40% en los cargos variables por la energía generada.
La decisión del Gobierno está en línea con el pedido de Ageera, la asociación que nuclea a los generadores, que desde fines del año pasado venía solicitando una actualización de sus ingresos tras la brusca devaluación de diciembre y la inflación acumulada en los últimos 12 meses.
Para los generadores, la actualización de la remuneración que perciben –que en los hechos es definida por el Estado sobre la base de los costos de generación que maneja Cammesa– era una condición sine qua non para encarar nuevas inversiones en pos de ampliar el parque eléctrico. En ese sentido, en el Ejecutivo interpretan que las subas funcionarán como un espaldarazo para que los privados participen de la licitación lanzada por el Gobierno para instalar, antes del próximo verano, cerca de 1.000 megawatts (Mw) de nueva potencia.

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